En el marco de la propuesta para la creación de la ley en materia del derecho a la consulta de los pueblos indígenas del Estado de Chihuahua, se creó un Órgano Garante que será el encargado de vigilar que durante el proceso de consulta se cumplan los estándares nacionales e internacionales en la materia, que el procedimiento sea culturalmente adecuado y que la voz y propuestas de las y los indígenas se reflejen fielmente en la iniciativa de reforma.
Así lo dio a conocer la titular de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas (COEPI), María Teresa Guerrero Olivares, acompañada por el director de Derechos de los Pueblos Indígenas, Víctor Martínez y por el asesor Adelfo Regino Montes, quienes presentaron información respecto a las personas que conforman dicho Órgano.
El grupo fue elegido por su conocimiento en cuanto a legislación en materia de consulta y experiencia sobre las demandas de los pueblos indígenas.
Los integrantes son: Jaime Martínez Veloz, Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); senadora Sylvia Martínez Elizondo; José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH); Jorge Carrera, delegado estatal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
COEPI presentó los antecedentes, metodología y materiales utilizados durante el proceso de armonización legislativa, en una reunión en la que participaron Jaime Martínez Veloz, Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); Agustín Pineda, en representación de la senadora Sylvia Martínez Elizondo; José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Horacio Almanza, en representación de Jorge Carrera, delegado estatal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
María Teresa Guerrero Olivares informó que la metodología utilizada, parte del análisis de la legislación y la búsqueda de una armonización legislativa en la materia, así como también de la experiencia y el acompañamiento a comunidades indígenas. El activismo derecho-humanista y experiencias históricas de Chihuahua en términos de consulta y del ámbito legislativo, también son valoradas en el proceso de consulta.
“Recibimos las instituciones gubernamentales con un déficit gigante en términos de perspectiva de derechos de los pueblos originarios, lo cual nos lleva a emprender este proyecto, que es el proyecto del gobernador Javier Corral en términos de pueblos indígenas, la oferta de campaña y del Plan Estatal de Desarrollo”, puntualizó.
El asesor del proceso, Adelfo Regino Montes, exsecretario de Asuntos Indígenas de Oaxaca y promotor de los derechos de los Pueblos Originarios, expresó que para la armonización legislativa es necesario un proceso de consulta, mismo que se está llevando a cabo, ya que “no podemos hacer una ley relacionada con los pueblos indígenas sin que se les consulte. Esto, además de la destacada voluntad política del gobernador reflejada en el Plan Estatal de Desarrollo, también es en cumplimiento a la ley internacional y nacional.
La consulta, señaló, como lo dice James Anaya (anterior Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU) es un deber del estado. Y es en cumplimiento a este deber estatal que se les ha convocado a este importante proceso de consulta que ha tenido un importante proceso preparatorio.
