La presidenta de la Comisión de la Ciudad de México, diputada Cecilia Soto González (PRD), consideró que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que diseñó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el próximo año, no refleja los cambios que debería tener para que en una próxima contingencia, como los sismos registrados en septiembre, “no haya un solo mexicano muerto o un edificio derrumbado”.
Al inaugurar el foro “Hacia una visión transversal de los derechos sociales: Salud, Educación y Alimentación”, impulsado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), afirmó que los fenómenos naturales del mes pasado provocaron un cambio en el país, que debe aprovecharse para tener una verdadera conciencia sobre el riesgo que vivimos, y traducirse en un apoyo presupuestal que acompañe las políticas públicas, para que “no sean sólo vanas palabras”.
Comentó que “la Cámara de Diputados es mucho mejor que lo que reflejan las encuestas y las ideas que colocan a los legisladores como agentes políticos sin moral o ética. Yo creo en la democracia y en que la mayoría de los parlamentarios estamos muy comprometidos con el futuro del país”.
La presidenta de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputada Hortensia Aragón Castillo (PRD), subrayó la necesidad de que los poderes públicos dejen de ser percibidos como adversos a las garantías fundamentales y tomen el papel de promotores de los derechos sociales.
Aseguró que cualquier política pública que no se acompañe por recursos para implementarse, es una idea que nace muerta. “Estamos en tiempos de discusión del Presupuesto de Egresos, el cual se convierte en el fluido que hace posible que las cosas se realicen”.
Declaró que “no hay mejor dinero que el que se invierte en los jóvenes del país, a través de sus instituciones formadoras. El presupuesto tiene que llegar a las acciones que se implementen en todo lo que tiene que ver con educación, salud y alimentación”.
El diputado Luis Fernando Mesta Soule (PAN), presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, refirió que se debe impulsar un sistema educativo inclusivo que abarque a todos los niveles académicos, a fin de integrar a los estudiantes que padecen alguna discapacidad.
“Los alumnos deben tener garantizada la accesibilidad, por eso es fundamental que las escuelas realicen ajustes de infraestructura y metodológicos, que permitan generar un entorno que atienda todas las necesidades”, planteó.
Sostuvo que la mayoría de las instituciones de enseñanza no cuenta con rampas o elevadores especiales que otorguen movilidad a los estudiantes con sillas de ruedas o sistemas de aprendizaje Braille; tampoco tiene alertas visuales para personas con deficiencia auditiva.
Informó que se impulsó la creación de un Registro Nacional de Población con discapacidad, el cual ya avaló la Cámara de Diputados, y está en espera de ser ratificado en el Senado de la República. “Se tendrán datos precisos sobre características de este sector de la sociedad. Si no tenemos una idea de quiénes son y qué discapacidades tienen, difícilmente podremos orientar políticas públicas que atiendan a esa población”.
El asesor general del CESOP, Enrique Esquivel Fernández, manifestó la importancia de generar acciones para atender asuntos tan relevantes como la educación, salud y alimentación, a través de una visión transversal, es decir, bajo una perspectiva democrática contemporánea.
Apuntó que los retos educativos que enfrenta nuestro país son muy complejos, pues además de garantizar la cobertura, se debe combatir la deserción escolar ya que, en términos absolutos, la cantidad de niñas y niños que abandonan sus estudios antes de concluir la educación obligatoria es muy significativa.
El presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Eduardo Backhoff Escudero, señaló las diferencias educativas que existen entre la población de distintas regiones del país, y subrayó que son aún más evidente en zonas rurales e indígenas.
Precisó que hoy en día, sólo uno de cada dos estudiantes que ingresa a educación primara concluye estudios universitarios. Además, dijo, hay un problema muy importante de deserción en nivel medio superior. En términos generales, la población adulta del país tiene nueve grados escolares concluidos, es decir, tiene terminada la secundaria.
Indicó que se avanza un grado escolar cada década, lo que quiere decir que, con las cifras actuales, si se pretende avanzar al nivel medio superior, como nivel obligatorio para la población, tomaría en 30 años. En cuanto a oferta educativa, agregó, también hay muchos problemas, pues existen profesores con mínima formación.
En su conferencia magistral, Edgar Vielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), habló sobre la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), la cual muestra “tres países diferentes en México”, pues hay condiciones de vida muy distintas entre el norte, centro y sur del territorio nacional. Mencionó, por ejemplo, que en estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero hay retos importantes en materia de alimentación.
En cuanto al tema de salud, dijo que si bien las estadísticas reflejan que el 82.6 por ciento de los mexicanos tiene acceso a servicios de salud, en términos de seguridad social y las garantías que otorgan los patrones a los trabajadores, aún hay rezagos importantes.
Asimismo, mencionó que 88 por ciento de la población del país depende de la educación pública; por tanto, es indispensable verificar el nivel de enseñanza en esas instituciones, pues muchos infantes egresarán de esos centros educativos, de los cuales dependerá la calidad de ciudadanos en un futuro, tanto para la convivencia, como para la productividad.
Consideró imperante romper las brechas de desigualdad, y consideró que quienes hacen las políticas públicas tienen que formarlas de forma científica, con ayuda de estadísticas y no empíricamente.
En su turno, Ricardo Aparicio, director general adjunto de Análisis de la Pobreza, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), comentó que se debe empoderar a la población, a fin de que salgan de situaciones de vulnerabilidad.
Las políticas públicas deben contemplar acciones enfocadas para mejorar los ingresos de las familias. Es importante una discusión sobre el salario mínimo y la estabilidad de los ingresos de los trabajadores. A pesar de los avances, dijo, los grupos discriminados requieren de apoyos que consideren sus particularidades.
Por otro lado, mencionó que si la educación que recibe la población indígena no es pertinente socioculturalmente hablando, la mera matriculación de estudiantes será insuficiente, aunque se reflejen mejoras en los indicadores.
