Ante diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, representantes de la sociedad civil y académicos expresaron sus inquietudes por los estímulos fiscales e impuestos en el sector automotriz, bebidas azucaradas, tabaco, tarifas de energía eléctrica, consumo de agave, entre otros, y destacaron la importancia de tener una hacienda pública más eficaz y transparente.
En la reunión de la instancia presidida por la diputada Gina Cruz Blackledge (PAN), en el marco del Paquete Económico 2018, el representante de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Alfonso Pérez Reguera, urgió a promover la sustitución del parque vehicular, pues 70 por ciento rebasa su vida útil; para ello, se debe regresar a la deducibilidad de los 300 mil pesos. Mencionó que hay inequidad en las deducciones entre el sector público y el privado.
Se debe reconocer el efecto inflacionario en los inventarios, permitiendo su revaluación conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, toda vez que su incremento provoca daños al sector, genera descapitalización y dificulta la venta y exceso de oferta.
El diputado Herminio Corral Estrada (PAN) se congratuló con la propuesta de incrementar la deducibilidad y así tener una transformación derivada del efecto del cambio climático. “No lo podremos hacer si no damos los incentivos”.
Osvaldo Ramón Belmont Reyes, representante de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), consideró indispensable instrumentar políticas públicas que faciliten la renovación vehicular y la introducción de nuevas tecnologías, como es el caso de la infraestructura para vehículos eléctricos e hibrido conectables, dado que la flota vehicular del país tiene una edad promedio de 17 años.
Resaltó la importancia de la verificación obligatoria en todo el país y fortalecer los incentivos para los vehículos eléctricos e híbridos. “Estas políticas públicas, sin duda, contribuirán al cumplimiento de los objetivos ambientales que ha comprometido el país a nivel internacional. Se requiere el esfuerzo no sólo de la industria, sino de la contribución de los gobiernos”.
Yarishdy Mora Torres, coordinadora de la coalición ContraPESO, destacó que a partir de la implementación del impuesto a los refrescos se ha visto una reducción del consumo y, de continuar con este gravamen, disminuiría la prevalencia de obesidad en 2.54 por ciento; se evitarán 18 mil 900 muertes en adultos mayores de 35 a 94 años, y reducirá el gasto en consultas médicas y hospitalizaciones por 983 mil dólares.
Para 2030 el impuesto actual de un peso por litro podría prevenir hasta 124 mil casos nuevos de diabetes tipo 2. Añadió que aumentar el gravamen al 20 por ciento, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, ayudaría a recaudar fondos para la reconstrucción de entidades afectadas por los sismos, por lo que “la propuesta es aumentar el IEPS a dos pesos por litro”.
El director de El Poder del Consumidor A.C, Alejandro Calvillo Unna, afirmó que el impuesto a bebidas azucaradas es una buena opción para combatir problemas de salud, pues nuestro país en 2012 ocupó el primer lugar en consumo de refresco. “No hay políticas preventivas para enfermedades como la diabetes, mal que afecta a uno de cada 10 adultos en el país”.
Planteó que no haya recortes al sector salud en el próximo presupuesto y que, por el contrario, se invierta en políticas que hagan frente a la obesidad, pues tiene alcances de un mal epidemiológico.
El diputado Armando Alejandro Rivera Castillejos (PAN), así como las legisladoras Mirza Flores Gómez y Claudia Corichi García (MC), cuestionaron si este gravamen realmente ha favorecido las políticas contra el sobrepeso y se pronunciaron por establecer medidas concretas que frenen la obesidad.
De la Fundación Interamericana del Corazón México, Erick Antonio Ochoa, precisó que las enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco cuestan 75 mil 400 millones de pesos a los ciudadanos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que cargar con impuestos ese producto es la medida más efectiva para reducir su uso y recomienda que los gobiernos lo tasen con al menos 75 por ciento.
De ajustarse el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al 75 por ciento, la cajetilla aumentaría a alrededor de 75 pesos cada una, lo que bajaría el consumo y se recaudarían 10 mil mdp adicionales. “El último incremento del IEPS al tabaco fue en 2010; además, es el único gravamen que no está indexado”, comentó.
Del PAN, el diputado Carlos Alberto De La Fuente Flores consideró que plantear tasas impositivas al tabaco o alcohol es delicado, debido al enorme mercado informal de esos productos. “Impulsar más impuestos al tabaco alentaría la ilegalidad”.
Michael Nacer Ramos, de Deca Nasser S.C, habló sobre los activos intangibles en el sector público, de los cuales, explicó, no se tiene control ni evaluación de ese patrimonio; no hay registro contable o financiero de esos entes públicos del país.
“Necesitamos tener registro de esos bienes que son parte de la nación y que, muchas veces, generan empleo tales como los llamados Pueblos Mágicos, ya que son espacios que, intrínsecamente, generan ganancias para la Federación”, comentó.
Los diputados Fidel Kuri Grajales (PRI) y Armando Alejandro Rivera Castillejos (PAN) consideraron necesario analizar más a fondo sobre los bienes intangibles y ver cómo incrementar el patrimonio del Estado, pues es un motor generador de empleos.
De la Barra Mexicana Colegio de Abogados A.C, Pablo Corvera explicó que el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el caso de personas físicas lleva más de 10 años sin actualizarse; por ello, los procesos inflacionarios sí merman los ingresos, es decir, se tributa con una tarifa calculada hace una década, por lo que debiera analizarse su modificación.
Asimismo, refirió que en la Ley de Ingresos se prevé un incremento en la tasa de recargos, lo que repercutiría de forma inmediata en cualquier diferencia que se le deba al fisco, que llevará una tasa evidentemente más alta. Además, afectará a la Federación, porque cualquier devolución de impuestos también estará incidida por esos recargos.
De México Evalúa, Mariana Campos recomendó fijar en la redacción de la Ley de Ingresos una obligación de transparencia, principalmente en el apartado de “aprovechamientos”, pues ha crecido su participación en la bolsa total del presupuesto.
A partir de 2009 empezamos a dejar de ver en la Ley de Ingresos de dónde provienen esos recursos que se han vuelto tan importantes. “Es necesario tener una Hacienda pública más eficaz y transparente”, agregó.
Guadalupe Campoy García, miembro de Red de Acceso, recomendó blindar el presupuesto en salud, lo que implicaría cambios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Salud.
Refirió que en México se invierte el 6.2 del PIB en salud, cuando en promedio los países integrantes de la OCDE invierten el 8.9. De los 34 países que formar parte de esta organización ocupamos el lugar 32, lo que deja claro que el presupuesto para salud es insuficiente.
Luis Manuel López Manrique, represente de organizaciones civiles de Tabasco, solicitó reclasificar las tarifas de energía eléctrica en la entidad estableciéndolo en la 1F o bien se subsidien, toda vez que se presentan temperaturas elevadas, pues la media anual es de 26.8 grados centígrados y en verano es mayor a 28.
Se busca apoyar a la economía familiar afectada por la carestía de la energía eléctrica que se aplica en la región, sin tomar en cuenta las condiciones climáticas extremas que se siente durante el año. Las tarifas actuales laceran la economía e inhiben el desarrollo social y económico de Tabasco, añadió.
En tanto, los diputados del PRD, Candelario Pérez Alvarado, Óscar Ferrer Abalos, Elio Bocanegra Ruíz y Héctor Peralta Grappin, solicitaron apoyar la iniciativa que establece una tarifa justa en la entidad y así impulsar el desarrollo; argumentaron que muchos negocios han cerrado porque no pueden cubrir la energía eléctrica, ya hay recibos de hasta 16 mil pesos y ello está pegando al sector empresarial.
Mirza Flores Gómez, diputada de MC, planteó crear un subsidio a quien use energía solar, ya que esta situación permitirá ser competitivos y aprovechar el clima que se tiene, sobre todo cuando es adverso, como el de Tabasco.
Por American Chamber of Commerce México, Luis Gerardo del Valle Torres, señaló que para promover la economía en el país se debe aplicar la deducción inmediata a todos los sectores económicos respecto a sus inversiones en construcciones y bienes de activo fijo, lo que promoverá nueva inversión, empleo formal y crecimiento en el país para fomentar a la industria.
Sugirió revisar el artículo 28 de la Ley del ISR, con la finalidad de no penalizar a los patrones con una reducción en la deducción de las prestaciones exentas que se les otorgan a los trabajadores, ya que desalienta el empleo formal, así como fortalecer el ahorro voluntario colectivo, el cual sea proporcional al reto que actualmente representa el pago de pensiones en el corto y largo plazo.
Ramón González Figueroa, director general del Consejo Regulador del Tequila (CRT), planteó crear un estímulo fiscal por el consumo de agave hasta por dos pesos el kilo consumido en la elaboración del tequila; este monto no podrá ser mayor al 25 por ciento del impuesto que se cause en el mes de referencia y el crédito fiscal no aplicado, no deberá ser acumulable para aplicarse en periodos subsecuentes.
Esta industria es motor clave en la economía de 181 municipios del país, de la que dependen más de 70 mil familias y el año pasado se consumieron 941 mil toneladas de agave. Agregó que dicho estímulo, permitirá aliviar la oferta y la demanda de la materia prima, mantener empleos, abatir la volatilidad e incertidumbre en el abasto de agave, así como mantener los mercados internacionales y la generación de divisas.
El presidente de la Unión Nacional de Maestras y Maestros del Mezcal, Abel Alcántara, se pronunció por disminuir el impuesto al mezcal tradicional que existe en 22 estados, de los cuales ocho tienen denominación de origen, dos están en proceso y 12 se encuentran al margen.
Puntualizó que hay en el país alrededor de dos mil 800 talleres o fabricas familiares, con un aproximado de 7 mil productores. Reconoció que el costo de producción del mezcal es costoso, por lo que resulta fundamental apoyar esta industria, ya que los insumos del tradicional son de primera calidad y bajo estrictos controles de calidad y experiencia de sus creadores.
La diputada Claudia Corichi García (MC) pidió dictaminar favorablemente la propuesta de un estímulo a los productores de mezcal artesanal o tradicional, ya que es un tema de identidad nacional y muchos gravámenes deben ser diferenciados. “El costo fiscal de esta medida sería insignificante y se apoyaría a comunidades rurales caracterizadas por la marginación y pobreza”.
