Los integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos Víctor Manuel Uribe Montoya, Jesús Villarreal Macías, Adriana Fuentes Téllez, María Antonieta Mendoza Mendoza y Alejandro Gloria González, piden al gobernador del Estado de Chihuahua para que brinde la información sobre las acciones que han implementado para miles de connacionales que pudieran ser deportados por las políticas migratorias adoptadas por los Estados Unidos, con motivo de la Ley SB4, que prohíbe las denominadas “Ciudades santuario” y de las personas conocidas como “Dreamers”.
Por otro lado, los jóvenes identificados como “dreamers”, que son residentes no legales en territorio estadounidense pero que arribaron a muy corta edad y que actualmente se encuentran cursando sus estudios o laborando en dicho país, en donde una de las características que destaca consiste en que han perdido en la mayoría de los casos todo vínculo con sus países de origen.
Menciono que un Decreto Presidencial emitido el mes de junio de 2012 por el entonces Presidente Barack Obama, constituyó la base para la implementación del denominado Programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA), permitiendo con ello dar un mínimo de protección a las hijas e hijos de personas indocumentadas que llegaron de manera ilegal a los Estados Unidos cuando eran niños, prohibiendo administrativamente y de manera transitoria su deportación, ya que dicha medida posee una duración de dos años con derecho a renovarse.
Entre los requisitos que se establecieron para poder acceder al Programa de referencia, se encuentra el de la edad, es decir, las personas beneficiadas deben haber ingresado al país antes de cumplir los 16 años, haber residido de manera continua desde junio del 2007 o previo a esa fecha, aunado al hecho de poseer un determinado grado académico a partir del nivel equivalente a secundaria o encontrarse estudiando y sobretodo carecer de antecedentes penales.
Entre los beneficios aportados por el Programa en comento, se encuentra la obtención de permisos para laborar de manera temporal, con la asignación del respectivo número de Seguro Social que les representa la posibilidad de acceder a créditos para compra de inmuebles y vehículos, además del derecho a un seguro médico.
Si bien el Programa DACA ha permitido mejorar notoriamente la calidad de vida e ingresos económicos de muchas personas jóvenes que se acogieron al mismo, el pasado 5 de septiembre se anunció por el Gobierno Estadounidense la suspensión del aludido programa, concediendo un periodo de gracia de seis meses y dando con ello la posibilidad de que los legisladores de dicho país asuman una postura al respecto, pues poseen atribuciones para regularizar la situación de dichas personas, a través de la expedición de una ley, detallo Uribe.
Entre las acciones que el gobierno mexicano ha iniciado en relación al tema que se comenta, se encuentran el envío de misivas a través de la Embajada con sede en Washington, a congresistas estadounidenses exponiendo puntualmente el potencial que poseen las personas jóvenes incorporadas al Programa DACA para la sociedad de dicho país y generando un exhorto para encontrar una solución que les brinde certidumbre jurídica.
Así mismo, el diputado del PAN agrego que los rectores de las Universidades Tecnológicas en el país se encuentran en la búsqueda de alternativas para ofrecer a los connacionales que sean deportados, en donde se ha señalado que una de las instituciones educativas que tiene su sede en Ciudad Juárez, tendrá una estrecha coordinación con el gobierno estatal para la implementación de un programa de becas.
Sin embargo, ante la magnitud que representan las acciones de deportación masiva de los miles de connacionales y de jóvenes conocidos como “dreamers”, resulta necesario anticiparse y conocer a mayor detalle todo tipo de acciones, programas y proyectos que en el ámbito estatal se estén realizando para brindarles atención y garantizar con ello el cumplimiento de sus derechos fundamentales en caso de reincorporarse a esta nación, constituyendo Ciudad Juárez uno de los puntos fronterizos que mayor probabilidades tiene de ser utilizado por las autoridades estadounidenses para las acciones referidas, de ahí nuestra preocupación por que se generen las condiciones necesarias para acogerlos con dignidad.
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