Con argumentos incriminatorios sólidos, la Fiscalía General del Estado demostró la forma en que el imputado Jaime Agustín F.R., probablemente participó en el desvío de 15 millones 600 mil pesos del erario público en la pasada administración, dinero que estaba destinado para la compra de un avión ambulancia.
La representación social detalló ante la Juez de Control que a través de la empresa “Consultores Empresariales Asociados del Golfo”, con domicilio Fiscal en Poza Rica, Veracruz, hicieron la simulación del contrato SH/AD/095/2015 por medio de la Secretaría de Hacienda.
El supuesto convenio consistía en la prestación de servicios profesionales de análisis y evaluación de soluciones actuariales para optimizar el ISR, asesoría fiscal, contable y jurídica, por medio de los cuales, la Secretaria de Hacienda le autorizó el 03 de julio del 2015, la suficiencia presupuestal de 12 millones de pesos para dicho contrato, cantidad que se entregó en febrero de 2015.
Posteriormente el 07 de septiembre del 2015, hubo una ampliación presupuestal por 3 millones 600 mil pesos, que se entregaron en abril de 2016.
Para lo cual, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el cual estaba a cargo de Antonio T. G., actualmente detenido y vinculado a proceso por el delito de Peculado Agravado, emitió un dictamen de excepción y acta de adjudicación directa en favor de la mencionada empresa.
Durante la audiencia trascendió que Jaime Agustín F. R. es propietario de empresas proveedoras de gobierno del estado, trabajaba en el Consejo Ejecutivo del PRI en México y era el intermediario para tener el contacto con las empresas a través de las cuales se simularon procedimientos administrativos para la extracción de recursos públicos.
Además, el imputado se encargaba de reunir los documentos y las firmas de las empresas, para que finalmente fueran anexados a los expedientes por Antonio T. G, a quien también le entregaba el dinero obtenido.
De acuerdo con la versión de uno de los testigos protegidos, Antonio T. G. lo invitó a trabajar en Gobierno del Estado, en el año 2014, realizando asesorías y que en el año 2015, comenzó a trabajar en las “Operaciones Especiales” para el desvío de dinero por instrucción del ex gobernador.
También declaró el testigo, que los 15 millones 600 mil eran destinados a la campaña del candidato a gobernador de Chihuahua por Movimiento Ciudadano Cruz Pérez Cuéllar, ya que Duarte quería que ganara cualquier candidato menos el del PAN.
Además destacó que los intermediarios debían ser personas de confianza del gobernador para que no hubiera riesgo de que se quedaran con el dinero, entre los cuales se encontraban los exfuncionarios actualmente vinculados a proceso Gerardo V. M. y Antonio T. G.
Con una sólida investigación de campo y gabinete, aunada a una fehaciente argumentación, la Agente del Ministerio Público obtuvo que la Juez de Control dictara un auto de vinculación a proceso por su probable participación como cómplice doloso en el delito de peculado agravo y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de investigación.
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